López destina menos dinero a arqueología que para la compra del hotel de su amigo
El Gobierno local presupuesta 400.000 euros para la recuperación de patrimonio frente a los 505.000 euros que cuesta la expropiación del Peninsular
Beneficio para los suyos. El alcalde de Cartagena, José López, tiene claro sus prioridades. Entre la tesitura de poner en valor la rica arqueología de la ciudad o arreglar los problemas urbanísticos de sus amigos: elige la segunda opción sin paliativos. Los presupuestos municipales de 2017 recogen sólo 400.000 euros para la recuperación de patrimonio frente a los 505.000 euros que ha costado la expropiación del Hotel Peninsular de su muy allegado y compañero de partido, Juan Carlos Martínez Ros. Los trabajos de excavación y restauración del Anfiteatro Romano o la casa púnica de la Plaza de la Merced tienen menos importancia para el primer edil que la compra por más de medio millón de euros de dinero público del inmueble de su correligionario y número doce en las listas de Movimiento Ciudadano en las pasadas elecciones. Una operación que deja en evidencia el carácter enchufista y de nepotismo político del nuevo mandatario municipal al más puro estilo de su predecesora, Pilar Barreiro.
El Partido Cantonal pone además en duda esta partida en arqueología ya que el año pasado el Gobierno local dejó sin ejecución la mitad de la inversión prevista en sus primeras cuentas municipales. Por lo que más de un cincuenta por ciento de las mejoras en la ciudad expuestas a bombo y platillo en prensa quedaron en agua de borrajas pese a que cumplían el techo de gasto impuesto por el Ministerio de Economía. Dinero para obras que perdieron los cartageneros en una actuación de dejadez e incompetencia por parte de López. La gestión del alcalde sí tuvo en cambio diligencia, trato preferente y de urgencia para la expropiación de la pensión de su amigo con el dinero de todos. Al tiempo que las diferentes asociaciones de vecinos muestran en masa su amarga queja por el abandono a su suerte de las infraestructuras (aceras, jardines, parques o pistas polideportivas) y la desidia absoluta por parte del Consistorio en las diputaciones y la mayor parte del centro urbano.
Además, el alcalde ha incumplido de forma sistemática su programa electoral al evitar el encargo de una auditoría externa a la gestión económica de su antecesora, Pilar Barreiro, la ausencia total de decisiones ejecutivas para la restitución de la provincia de Cartagema (petición a instituciones, consulta popular, calendario de plazos) o la adjudicación de contratos municipales sin concurso público a familiares directos.
