La Residencia Alberto Colao sigue sin uso pese a la falta de alojamiento para universitarios
La Asamblea Regional recuperó hace dos años el edificio de su propiedad para su ampliación por carencia de espacio pero sigue sin proyecto de obra
De espaldas a la sociedad y sus necesidades. La Asamblea Regional recuperó hace dos años el edificio de su propiedad de la antigua Residencia de Estudiantes Alberto Colao que gestionaba la Universidad Politécnica de Cartagena. El Parlamento Autonómico apremió a su desalojo durante una década a la UPCT por una supuesta falta de espacio de la Cámara. Pero o mintió a los cartageneros o simplemente tomó iniciativas de espalda a los mismos. La institución legislativa tiene sin uso el inmueble desde 2022 y tampoco ha anunciado ningún tipo de proyecto de obra en el mismo. Mientras tanto, centenares de universitarios sufren serios problemas de alojamiento en la ciudad ya que la nueva residencia de la calle Sor Francisca Armendariz nació pequeña, falta oferta de pisos de alquiler en el casco histórico y los precios en la zona del Ensanche, en calles aledañas al Paseo Alfonso XIII y la Avenida Reina Victoria, resultan desorbitados.
Ante esta tesitura de vital importancia para el desarrollo de los estudios superiores en la ciudad, la propia rectora de la Universidad Politécnica de Cartagena, Beatriz Miguel, pidió ayuda incluso al anterior acalde de La Unión, Pedro López, con el propósito de que el municipio vecino ofertara viviendas de alquiler a los estudiantes con unos arrendamientos más asequibles. Una alternativa que la máxima responsable de la UPCT consideró necesaria antes que el estancamiento de la matrícula por la limitación real de espacio habitacional.
La residencia universitaria Alberto Colao tiene su ubicación a espaldas de la Asamblea Regional, en una finca contigua con fachadas a las calles Francisco Lasso de la Vega –la peatonal– y Doctor Pérez Espejo, donde tenía su puerta principal. El Ayuntamiento de Cartagena cedió este inmueble para que fuera alojamiento de estudiantes en 1983. Pero el Consistorio cartagenero vendió la construcción al Parlamento Autonómico en 2008 ante su necesidad de liquidez para la adquisición del antiguo Colegio San Miguel y su posterior transformación en sede administrativa. La operación a tres bandas incluyó a la Politécnica que consiguió a cambio las antiguas dependencias municipales de la calle Sor Francisca Armendáriz donde ahora una empresa privada gestiona en concesión la única residencia existente. Según el acuerdo, la Asamblea Regional recuperaría el edificio en 2012 pero sucesivas prórrogas, ante la tardanza en la construcción de la nueva residencia, hizo que no accediera de facto al mismo hasta el 1 de enero de 2022. En balde, ya que no lo utiliza para nada.
